México
No existen mecanismos que regulen el proceso de los adolescentes en conflicto con la ley.
•Detenidos en guerra contra el crimen más de 4 mil menores en 5 años
Organización Editorial Mexicana
12 de diciembre de 2011
Nidia Marín / El Sol de México
Ciudad de México.- En México, aproximadamente, 50 mil niños han quedado huérfanos, de 2006 a 2011, como consecuencia de la "guerra" contra el narcotráfico y existe una cifra indeterminada de desaparecidos, dicen algunos estudios, mientras la Red por los Derechos de la Infancia en México ha informado ante la ONU que más de 25 mil menores han sido reclutados por los narcotraficantes.
Y dentro de la extensa problemática que afecta actualmente a los menores de edad, están las detenciones. De acuerdo con el trabajo "Delincuencia Juvenil", realizado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP), de la Cámara de Diputados, el índice de detenidos por sexo "fue desproporcionadamente más alto en el caso de los varones (3 mil 729 casos), en comparación con las adolescentes (315). El mayor porcentaje de la estadística corresponde al sector de edades entre 14 y 17 años".
"Actualmente México enfrenta una situación alarmante por la normalización de la violencia, en algunas zonas de nuestro país, como consecuencia de la guerra contra el crimen organizado que se mantiene como asunto central desde la Presidencia de la República, pero más allá de esta expresión grotesca es importante señalar que la violencia comprende distintos niveles y modalidades de existencia que resulta pertinente hacer visible, denunciar, cambiar.
"Lamentablemente México va ascendiendo rápidamente en el 'ranking' mundial para ocupar uno de los primeros sitios por la creciente violencia contra niños y niñas; desde la violencia física, el abuso sexual y el homicidio de adolescentes", señala el Redim, en el ensayo temático "La violencia contra niños, niñas y adolescentes en México", de 2010.
En el ensayo de 2011 la Redim señala también... "Otro fenómeno que cada vez toma más relevancia en la vida de las y los adolescentes mexicanos, es el de aquellos que entran en conflicto con la ley, consecuencia evidente de la falta de políticas adecuadas que permitan prevenir que los jóvenes se integren a grupos de crimen organizado en la búsqueda de una mejor calidad de vida, que les permita obtener el reconocimiento y percepción económica adecuada a las necesidades generadas por su entorno.
"En este aspecto, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas recientemente en 2011, emitió la siguiente recomendación al Estado mexicano en lo referente a las niñas y niños en conflictos armados.
"El Comité exhorta al Estado para que:
"a) Recopile datos sobre el número de niños detenidos, heridos o muertos en la lucha que mantienen el Ejército y las Fuerzas Policiales contra los grupos armados no estatales;
"b) Investigue todos los delitos cometidos contra niños y garantice que los tribunales civiles tengan competencia para juzgar los delitos contra menores cometidos por el Ejército.
"c) la impunidad garantizando el enjuiciamiento y castigo de los responsables.
"d) Adopte medidas adecuadas para proteger a los menores de las actuaciones policiales y militares en el con texto de las medidas adoptadas para garantizar la seguridad pública, así como de la violencia armada procedente de los grupos armados no estatales.
"e) Establezca los mecanismos oficiales y los marcos jurídicos pertinentes que garanticen los derechos humanos y la protección de los menores, en especial las niñas, ante la violencia derivada de las acciones militares y ejercida por los grupos armados no estatales.
"f) Establezca reglamentos y protocolos específicos para las fuerzas militares y de seguridad sobre la forma de garantizar la integridad de los niños durante las investigaciones de las que sean objeto los grupos armados no estatales y las actividades para combatirlos."
* Y sigue en aumento
El señalado ensayo de este año, puntualiza además el planteamiento en la ONU, acerca de que la situación de violencia actual ha mostrado un notable crecimiento en los últimos años, "siendo uno de los mayores reflectores la tasa de mortalidad por homicidios en niños y niñas, en especial quienes se encuentran entre las edades de 15 y 17 años, que en los últimos diez años se ubica su valor más alto. El incremento en la tasa de mortalidad por homicidios marca el claro contexto de violencia que las y los adolescentes viven actualmente, y resalta la falla del Estado Mexicano en garantizar que niños y niñas vivan una vida sana, con un desarrollo integral y en pleno goce de sus derechos..."
"Ponen el dedo en la llaga" al plantear una situación "grave" que mantiene preocupada a la sociedad civil "y debe ser de carácter urgente para el Estado Mexicano": la falta de implementación de un sistema integral de justicia penal para adolescentes a nivel federal, que se enfoque en la creación de tribunales especializados y centros de internamiento adecuados, la elaboración de medidas alternativas de detención, así como en la capacitación y especialización de los jueces.
Hacen notar en el ensayo que "a pesar de la reforma realizada al artículo 18 constitucional en este rubro, la implementación de mecanismos que regulen el proceso de los adolescentes en conflicto con la ley por delitos federales, y que además garanticen la audiencia ante el juez competente antes de aplicar alguna medida de privación de libertad, es inexistente en el caso del sistema federal y deficiente en el caso de los sistemas locales".
Agregan que en ese aspecto "se debe cuidar que las personas menores de 18 años no sean sentenciadas como un adulto y la toma de las medidas privativas de libertad deben ser considerada como último recurso y con el menor tiempo de encierro posible".
El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, por su parte, hace notar en su análisis que el número de entidades federativas que registraron a presuntos delincuentes menores disminuyó en los últimos años. La cifra pasó de 18 en 1997, a 16 entre 1999 y 2001; descendió a 15 en 2002, pero tuvo un incremento a 17 entre 2003 y 2004. A partir de la reforma constitucional bajó la cantidad de estados con adolescentes detenidos, hasta llegar a 12 en 2008.
También explica que de acuerdo con el Inegi, los jóvenes de 16 y 17 años detenidos como presuntos delincuentes entre 2006 y 2008 fueron mil 273 y 2 mil 098, respectivamente, lo que corresponde a 37.76 y 62.24 por ciento de cada segmento de edad.
Y las entidades que presentaron mayor número de detenidos de 16 años en ese lapso fueron: Veracruz (208), Michoacán (182), Tamaulipas (151), Puebla (141) y Guanajuato (137). En el caso de los jóvenes de 17 años, los estados que registraron un mayor número de presuntos delincuentes entre 2006 y 2008 fueron Veracruz (350), Michoacán (313), Tamaulipas (256), Guanajuato (204) y Puebla (142). La cantidad de adolescentes sentenciados disminuyó en los últimos años como consecuencia de la reforma constitucional del sistema especializado de justicia para adolescentes.
Acota el Centro en el trabajo que la reforma del artículo 18 establece el uso de procesos "desjudicializadores" para los adolescentes infractores, y en caso de que sean condenados con la pena de privación de su libertad, su estancia en prisión debe cumplirse en el menor tiempo posible, en concordancia con las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad, que señalan en su punto 1: "[...] el encarcelamiento deberá usarse como último recurso", y en el 2: "[...] la privación de libertad de un menor deberá decidirse como último recurso y por el periodo mínimo necesario y limitarse a casos excepcionales."
Pero con todo y la reforma, en 2009 la población de los centros para menores infractores llegó a 12 mil 404 (94.51 por ciento hombres y 5.19 por ciento mujeres), por lo cual hubo un crecimiento en el número de adolescentes en conflicto con la ley.
En sus consideraciones finales los investigadores del Cesop refieren la importancia de resaltar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los Juzgados locales para menores son competentes para conocer delitos federales cometidos por adolescentes, hasta que se haya implementado el sistema integral de justicia de menores del orden jurídico federal.
Actualmente, añaden, 31 entidades federativas, incluyendo al Distrito Federal, cuentan con una ley estatal de justicia para adolescentes, con excepción de Guerrero, que aún se rige por la Ley de Tutela y Asistencia Social.
Para terminar se puntualiza que en la LXI Legislatura de la Cámara de Diputados se presentaron diferentes iniciativas a la Comisión de Justicia a fin de implementar la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, las cuales fueron impulsadas por los diputados Óscar Martín Arce Paniagua, José Luis Ovando Patrón, Alejandro Gertz Manero y Ezequiel Rétiz Gutiérrez, y turnadas a la Comisión; está pendiente su aprobación.
De igual manera el Senado de la República envió una minuta con proyecto de decreto para expedir dicha ley, minuta que se encuentra en revisión en la Comisión de Justicia.
